Por Euclides Fuentes Arroyo
El Presidente Ricardo Martinelli lanza nuevamente otra propuesta a un diálogo nacional. Esperamos que esta vez fructifique y no se eleve al aire sin aterrizar. Ha sugerido un encuentro para afrontar un tema, tras la materialización de amenazas concretas que derivaron en represión y persecución de periodistas.
El mandatario remitió una carta a Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá, y aspira que su mediación avale el acto. Examinemos con detenimiento lo que en parte dice la misiva: “Como Presidente he expresado compromiso propio y del gobierno, con el respeto y la defensa de los derechos”. Añade que “algunos no parecen estar dispuestos a entender que esos mismos derechos imponen deberes y responsabilidades tanto a gobernantes como a gobernados”.
Los profesionales del periodismo que asumimos una actitud autocrítica reconocemos que así como tenemos derecho a expresarnos libremente, estamos sujetos a la ética y al ordenamiento jurídico. Lo que no queda claro es a quien se refiere el señor Martinelli cuando habla de “algunos que no están dispuestos a entender”, Lo ocurrido a los comunicadores sociales que se han atrevido a decir verdades, alcanza a los ciudadanos que tienen perfecto derecho a la información porque se les priva del conocimiento de lo que sucede a su alrededor.
Cuando hablamos de persecución a los periodistas, no sólo estamos frente a las llamadas amenazantes de funcionarios de Palacio para intimidar a los informadores, ni la orden de auditar las empresas de prensa, radio o televisión de los propietarios enlistados, arbitraria y subjetivamente, como adversarios del régimen.. Se trata también, y esto hay que precisarlo, de provocar el cierre de un programa de radio o televisión, o de presionar con represalias como el cese de la publicidad estatal a un medio escrito.
El millonario presupuesto destinado a la propaganda gubernamental se paga con los dineros de todo el pueblo contribuyente. Es absolutamente injusto e ilegal, en una administración que se ufana de enarbolar una supuesta intención democrática, discriminar a uno u otro órgano de divulgación porque no está alineado a la política partidista del ente gubernamental. Si no hay una distribución equitativa de la publicidad estatal se atenta contra esa libertad que tanto dicen respetar. Cuantos programas de radio o televisión han tenido que silenciarse porque la mano tenebrosa del oficialismo ordena, como si del dinero privado se tratase, que no se paute en dichos espacios. Se han adquirido medios escritos de línea independiente para ponerlos en manos de gente afín al oficialismo, y se ha presionado hasta lograr la sustitución de los mandos en otras instancias, Esto no es un secreto para nadie. No se quiere un periodismo identificado con la verdad, sino una sumisión servil tarifada una veces, y atemorizada otras.
El propuesto diálogo en aras de un verdadero apego a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a recibir toda la información que atañe a gobernantes y gobernados, no puede ser de ninguna manera caprichosamente unilateral porque a alguien se le ocurre que una pasada elección popular, convalida los excesos autoritarios de quienes detentan el poder. Los profesionales de la pluma esperamos que la consulta que se haga, culmine con la inmediata adopción de una conducta respetuosa hacia los gremios de la comunicación y la sociedad en general. Que se garantice el ejercicio de un periodismo veraz, sin la daga que decapita los recursos económicos que hacen posible la existencia de medios y voces libres en una Patria libre que no es empresa privada de unos cuantos.
