Por Euclides Fuentes Arroyo
En su escalada irrefrenable contra la libre expresión, materializada a través del arresto del periodista Carlos Núñez y las amenazas, incluso de muerte, contra una nutrida lista de colegas de la profesión, así como condenas a quienes luego fueron “indultados”, amén del pretendido cerco de hambre mediante presiones a los dueños de los medios de comunicación social, el gobierno presidido por Ricardo Martinelli, utiliza ahora el abuso de vetar la publicidad de una universidad que es patrimonio del pueblo y por lo tanto no puede convertirse en propiedad privada de ningún partido político.
La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)hace ya más de seis meses otorgó una pauta de divulgación al programa dirigido por el suscrito que va al aire todos los miércoles de 11:00 a 12:00 del día por la cadena nacional de Radio Mía. Como quiera que para hacerse efectiva la transmisión de la misma el trámite burocrático implantado por el Ejecutivo desde hace un par de años a esta fecha, señala que la misma debe ser refrendada por la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia.
En otra medida ilegal y caprichosa, dicha pauta fue negada por dicha Secretaría, sin otro criterio que el de aplicar restricciones a las pautas de los profesionales del periodismo que no cantan loas a los funcionarios del régimen. en represalia por los versos y artículos que me publican en un medio impreso y que además incluyo en el blog que mantengo por internet.
No tenía un mes dicha página cibernética cuando mi correo electrónico fue saboteado por un “hacker” que de paso introdujo un virus que mantiene el equipo inutilizado hasta que este servidor pueda resolver el problema de asumir su reparación o comprar una nueva computadora.
Corro traslado de esta denuncia al Consejo Nacional de Periodismo cuyo Presidente también está en la lista de los profesionales del periodismo perseguidos por la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, sino también del Sindicato de Periodistas de Panamá, el Colegio Nacional de Periodistas y todos los componentes de las organizaciones cívicas y sociales de esta capital.
Quienes trabajamos como periodistas desde la minoría de edad hasta la fecha, siempre hemos cumplido con pagar impuesto sobre la renta, seguro educativo y otros tributos ordenados por el aparato gubernamental. En estas condiciones no podemos guardar silencio cuando la presente administración se extralimita al impedir que una universidad que es patrimonio del pueblo panameño se maneje desde el Palacio de las Garzas como si se tratase de una empresa privada más de quienes, no contentos con asfixiar al pueblo mediante el alza constante de la canasta básica familiar, trata de impedir ahora que un centro de enseñanza superior cumpla la sagrada misión de utilizar los canales radiofónicos para enviar su mensaje de educación y de cultura.
Durante las pasadas administraciones tanto de la ex Presidenta Mireya Moscoso, como del Dr. Ernesto Pérez Balladares y el Lic. Martín Torrijos, la publicidad de estas entidades autónomas jamás fue utilizada como arma de represalia política. Es más, comentaristas de radio y televisión cuya línea estuvo identificada con corrientes de oposición partidista, contaron con la publicidad de estamentos gubernamentales que precisan de la radio para difundir su trabajo porque se trata del medio reconocido como el que más penetra y cubre a la población de toda la geografía nacional. Se trata pues de un precedente funesto que merece ser denunciado por el periodismo de nuestra Patria no sólo a nivel nacional, sino internacional. En lo personal no aspiro a obtener publicidad de parte del gobierno de Martinelli cuando se trate de propaganda de carácter político, pero la divulgación de temas que eleven el nivel de conocimiento de nuestros conciudadanos, establece la diferencia.
Panamá 30 de diciembre de 2,010
