ABDEL FUENTES
2014-02-02 — 12:00:00 AM — Desde su génesis, el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, gestado durante la administración del expresidente Martín Torrijos, ha estado plagado de medias verdades, ocultación de información, especulaciones, saturación mediática, e irregularidades.
Una variable que encabezó las objeciones fue el sobrecosto, escenario que plaga el orbe, asido casi siempre de abusos y excesos. Por ello el escepticismo de profesionales panameños sobre el monto total; 5 mil 250 millones de dólares. El contraste entre lo ofertado por Grupo Unidos por el Canal (GUPC), incluida Sacyr, golpeada por la caída de su actividad constructora y la realidad, corrobora la desconfianza de vieja data.
Aunque en el 2006 las encuestadoras Dichter & Neira y CID-Gallup, anunciaban que cerca del 60 % de la población daría su aprobación al referéndum, el abstencionismo rondó el 60 %.
El elector tenía dos alternativas: ‘Sí’ o ‘No’, y solo una pregunta: ‘¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de exclusas en el Canal de Panamá?’.
Dos años antes, en julio de 2004, la partidocracia nacional modificó la Constitución para precisar un referéndum que autorizara a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), emprender la ampliación del Canal. Para esos días, el primer administrador, Fernando Manfredo Jr., se refirió al asunto en un artículo publicado en El Panamá América. Antes de ello, puso en contexto las intenciones de los estadounidenses en ampliar la vía desde inicios de 1929; los trabajos en la construcción de un tercer juego de esclusas, emprendidos desde el 1 de julio de 1940; la suspensión de dichas excavaciones, debido a la Segunda Guerra Mundial y los posteriores estudios autorizados por EE. UU para determinar la viabilidad de la ampliación, incluyendo la conformación en 1985 de la Comisión de Estudios de Alternativas al Canal, integrada por Panamá, Estados Unidos y Japón.
El 20 de septiembre de 1993, la Comisión dio a conocer su recomendación, construir un tercer juego de esclusas. El Congreso estadounidense rechazó la propuesta por consideraciones de costos.
Respecto a la modificación del artículo 319 de la Constitución, hoy artículo 325, Manfredo anotaba que la reforma trasladaba los poderes del Ejecutivo a la ACP limitando injerencias en ese órgano del Estado y en el Legislativo.
Las desoídas advertencias en torno a los peligros sobre la citada reforma constitucional, formuladas por el finado expresidente y exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter, Jorge Illueca; el difunto constitucionalista Humberto Ricord y el referido primer administrador del Canal, son consecuencias de lo que ocurre hoy. La ACP ha estado en libertad de gastar cuantiosas cifras millonarias y autorizar los trabajos preliminares al proyecto. De acuerdo a la publicación de Manfredo, en tres variables puntuales centraron estos verdaderos patriotas sus recomendaciones a los legisladores de la época; (1) conservar el artículo 319 en su expresión original; (2) mantener intacta la autoridad del Ejecutivo y el Legislativo; (3) confeccionar y aprobar una ley reglamentando el referendo, para que el proceso fuese una genuina consulta popular y no una mera formalidad, donde el pueblo llegara a las urnas con suficientes elementos de juicio.
El 28 de junio del 2004, Illueca publicó un artículo en El Panamá América titulado: ‘No a la reforma del artículo 319 de la Constitución’. Cita al constitucionalista Humberto Ricord, quien se preguntó: ‘¿por qué ese cambio extraño de adscribir a la ACP el cometido de proponente de cualquier proyecto de construcción de un nuevo Canal o de un tercer juego de esclusas, ya sea por administración o mediante contratos celebrados, cuando constitucionalmente la dueña del Canal es la República de Panamá, y la ACP solo es administradora?’. Para Ricord esa reforma excedía a la ACP como administradora del Canal de Panamá del marco de sus funciones constitucionales.
A casi un mes de la apertura de sobres, el presidente de Impregilo S.A., Massimo Ponzellini, reveló al periodista de la agencia británica Reuters, Danilo Masoni, que el consorcio GUPC había obtenido las mejores notas en la evaluación técnica de ofertas. El ejecutivo quiso retractarse, aduciendo que había sido mal interpretado y que al haber llegado a la etapa de la preselección estaba entre los mejores. El presidente de CUSA, Rogelio Alemán Zubieta, hermano de Alberto Alemán Zubieta, administrador de la ACP para ese entonces, dijo a La Prensa: ‘Somos familia, pero aquí no hubo ningún tipo de soplo, de información o de beneficio’. Rogelio reemplazó a su hermano, como presidente de CUSA.
Señores candidatos, urge abrir un debate nacional sobre lo que algunos han calificado como ‘un Estado sobre otro Estado’.
PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
Una variable que encabezó las objeciones fue el sobrecosto, escenario que plaga el orbe, asido casi siempre de abusos y excesos. Por ello el escepticismo de profesionales panameños sobre el monto total; 5 mil 250 millones de dólares. El contraste entre lo ofertado por Grupo Unidos por el Canal (GUPC), incluida Sacyr, golpeada por la caída de su actividad constructora y la realidad, corrobora la desconfianza de vieja data.
Aunque en el 2006 las encuestadoras Dichter & Neira y CID-Gallup, anunciaban que cerca del 60 % de la población daría su aprobación al referéndum, el abstencionismo rondó el 60 %.
El elector tenía dos alternativas: ‘Sí’ o ‘No’, y solo una pregunta: ‘¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de exclusas en el Canal de Panamá?’.
Dos años antes, en julio de 2004, la partidocracia nacional modificó la Constitución para precisar un referéndum que autorizara a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), emprender la ampliación del Canal. Para esos días, el primer administrador, Fernando Manfredo Jr., se refirió al asunto en un artículo publicado en El Panamá América. Antes de ello, puso en contexto las intenciones de los estadounidenses en ampliar la vía desde inicios de 1929; los trabajos en la construcción de un tercer juego de esclusas, emprendidos desde el 1 de julio de 1940; la suspensión de dichas excavaciones, debido a la Segunda Guerra Mundial y los posteriores estudios autorizados por EE. UU para determinar la viabilidad de la ampliación, incluyendo la conformación en 1985 de la Comisión de Estudios de Alternativas al Canal, integrada por Panamá, Estados Unidos y Japón.
El 20 de septiembre de 1993, la Comisión dio a conocer su recomendación, construir un tercer juego de esclusas. El Congreso estadounidense rechazó la propuesta por consideraciones de costos.
Respecto a la modificación del artículo 319 de la Constitución, hoy artículo 325, Manfredo anotaba que la reforma trasladaba los poderes del Ejecutivo a la ACP limitando injerencias en ese órgano del Estado y en el Legislativo.
Las desoídas advertencias en torno a los peligros sobre la citada reforma constitucional, formuladas por el finado expresidente y exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter, Jorge Illueca; el difunto constitucionalista Humberto Ricord y el referido primer administrador del Canal, son consecuencias de lo que ocurre hoy. La ACP ha estado en libertad de gastar cuantiosas cifras millonarias y autorizar los trabajos preliminares al proyecto. De acuerdo a la publicación de Manfredo, en tres variables puntuales centraron estos verdaderos patriotas sus recomendaciones a los legisladores de la época; (1) conservar el artículo 319 en su expresión original; (2) mantener intacta la autoridad del Ejecutivo y el Legislativo; (3) confeccionar y aprobar una ley reglamentando el referendo, para que el proceso fuese una genuina consulta popular y no una mera formalidad, donde el pueblo llegara a las urnas con suficientes elementos de juicio.
El 28 de junio del 2004, Illueca publicó un artículo en El Panamá América titulado: ‘No a la reforma del artículo 319 de la Constitución’. Cita al constitucionalista Humberto Ricord, quien se preguntó: ‘¿por qué ese cambio extraño de adscribir a la ACP el cometido de proponente de cualquier proyecto de construcción de un nuevo Canal o de un tercer juego de esclusas, ya sea por administración o mediante contratos celebrados, cuando constitucionalmente la dueña del Canal es la República de Panamá, y la ACP solo es administradora?’. Para Ricord esa reforma excedía a la ACP como administradora del Canal de Panamá del marco de sus funciones constitucionales.
A casi un mes de la apertura de sobres, el presidente de Impregilo S.A., Massimo Ponzellini, reveló al periodista de la agencia británica Reuters, Danilo Masoni, que el consorcio GUPC había obtenido las mejores notas en la evaluación técnica de ofertas. El ejecutivo quiso retractarse, aduciendo que había sido mal interpretado y que al haber llegado a la etapa de la preselección estaba entre los mejores. El presidente de CUSA, Rogelio Alemán Zubieta, hermano de Alberto Alemán Zubieta, administrador de la ACP para ese entonces, dijo a La Prensa: ‘Somos familia, pero aquí no hubo ningún tipo de soplo, de información o de beneficio’. Rogelio reemplazó a su hermano, como presidente de CUSA.
Señores candidatos, urge abrir un debate nacional sobre lo que algunos han calificado como ‘un Estado sobre otro Estado’.
PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
